La población privada de la libertad (P.P.L.), entendida aquella como sujeto de un tratamiento especial diferenciado, debido a sus condiciones de vulnerabilidad, constituye uno de los propósitos esenciales para su seguimiento y atención, a través de estrategias que permitan una mejoría en sus condiciones de reclusión, visitas carcelarias periódicas y gestión de traslados, así como el esfuerzo jurídico principal para recuperar la libertad tan anhelada.
Este gráfico refleja la cantidad de usuarios que han recuperado su libertad, mostrando una reducción significativa de personas privadas de la libertad en el año 2022; comparado con el 2021, demuestra un esfuerzo jurídico que contribuye a la garantía de los derechos fundamentales al debido proceso, la dignidad humana y la libertad.